Catorce organismos provinciales y nacionales analizaron durante más de un año el Informe de Impacto Ambiental que presentó la empresa Deprominsa. El documento final contiene más de 120 requerimientos solicitados por el Gobierno de San Juan para mejorar el proyecto original de manera que de certezas y seguridades a los sanjuaninos que se va a desarrollar con el objetivo principal de que sea ambiental y socialmente responsable.
Según se informó ese aporte tendrá por objeto cumplir con la política de responsabilidad social y las recomendaciones de los dictámenes de la Comisión Ambiental Evaluadora, para potenciar los efectos positivos de la minería, contribuir al desarrollo sustentable de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, propender a la protección y cuidado del medio ambiente con medidas de prevención, mitigación y remediación que surgen de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
La Evaluación Ambiental
Luego del trabajo de un año entre 14 instituciones gubernamentales, sociales, educativas y públicas se terminó de elaborar el Informe Final Único (IFU) que fue presentado por la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM) para su consideración por parte del ministro Carlos Astudillo.
Fue el ministro de Minería quien refrendó y apoyó las consideraciones que se tomaron en cuenta en la evaluación ambiental y terminó por redactar el documento que permitirá el desarrollo de uno de los yacimientos de cobre más importantes del país.
La mina de cobre será el primer proyecto en ponerse en marcha en los últimos 25 años, lo que posicionará a la provincia como el principal productor metalífero del país. Además del impacto positivo que tendrá en toda la matriz productiva provincial, logrando que San Juan siga siendo uno de los modelos a imitar en la Argentina.
Dicho documento fue redactado por el Ministerio de Minería en conjunto con las 14 instituciones que conforman la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM).
La CIEAM estuvo constituida por el Ministerio de Minería, el Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Hidráulica, el Instituto Nacional del Agua y Aguas Subterráneas (INACRAS), la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU), la Dirección de Recursos Energéticos, el Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero – Industrial (CIPCAM), la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Católica de Cuyo (UCC), la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con tres direcciones (Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Conservación y Áreas Protegidas, Dirección del Parque de la Biodiversidad); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Agroindustria y Ganadería (SAyG).
Además, y para esta evaluación la cartera minera solicitó la intervención de una comisión Ad Hoc con consultores externos expertos en cada materia para tener una visión más completa de cada aspecto ambiental.
De acuerdo a lo que se informó también tuvieron la oportunidad de participar de la evaluación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) todos los ciudadanos que solicitaron formar parte de la comisión durante el periodo evaluativo y hacer sus sugerencias a través del Proceso de Participación Ciudadana.
La Declaración de impacto ambiental cuenta con 120 requerimientos pedidos por el Gobierno de San Juan sobre las bases del cuidado ambiental, una distribución equitativa de la renta que priorice el desarrollo de las comunidades y una minería participativa, donde la sociedad en su conjunto participa de la actividad.
En el documento se encuentran analizados y evaluados los aspectos ambientales, sociales, económicos, ingeniería de planta de proceso, campamento, desarrollo de comunidades, uso del agua, medidas de compensación a la red hídrica, monitoreos de aguas superficiales y subterráneas, empleo, transito, el estricto cuidado de flora y fauna, normas de higiene y seguridad, protocolos sanitarios, entre otros para el desarrollo del proyecto minero. Además, la empresa para su etapa de construcción deberá solicitar cada uno de los permisos sectoriales para las diferentes obras a realizar en sus distintas etapas.
Sobre la DIA, se trata de un documento con carácter de ley para la correcta producción de los minerales, donde todos los aspectos que hacen al proyecto están contemplados.
Cada uno de los requerimientos deberán ser cumplidos por la empresa informando sobre cada uno de ellos a la autoridad de aplicación correspondiente. A su vez el Ministerio de Minería junto a la CIEAM velaran por el cumplimiento de los mismos.
Además, la DIA establece que la empresa que construye el Proyecto deberá presentar como máximo en el término de dos (2) años, un informe conteniendo los resultados de las acciones de Protección Ambiental ejecutadas, así como los hechos nuevos que se hubieran producido, debiendo designar la empresa un responsable en la zona de operación fundada.
Josemaría
Josemaría es un proyecto minero pórfido de cobre y oro localizado en el extremo noroeste de la provincia, sobre la cordillera iglesiana frontal a 4.295 msnm, uno de los cuatro proyectos cupríferos de gran escala que posee San Juan. El cual tendrá una inversión inicial de U$S 4100 millones para la etapa de construcción y puesta en marcha de la producción.
Cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre; 7,0 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. La vida útil del yacimiento ha sido estimada en 19 años.
La producción será una mina a cielo abierto que alimentará una planta de proceso convencional de 152,000 toneladas por día durante la vida útil del yacimiento, lo que arrojaría una producción anual de 136,000 toneladas de cobre (“Cu”), 231,000 onzas de oro (“Au”) y 1, 164,000 onzas de plata (“Ag”) por año.
